#AhoraNoticias El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) detectó que adjudicatarios alquilaban las viviendas sociales en hasta 15.000 pesos. Dispuestos a terminar con estas prácticas irregulares, pidieron a los inquilinos denunciar la situación, además de adelantar que continuarán las inspecciones en los complejos habitacionales para detectar estas irregularidades.

Es lo que confirmó Victoria Schneider, directora de Asuntos Jurídicos del Iprodha, quien ratificó que están decididos a poner freno al uso irregular de las viviendas sociales.

Por ahora, afirmó que aún no saben la cantidad de viviendas que se encuentran en esta situación, aunque ratificó que en Posadas es donde más se alquilaban, mientras en otras ciudades suelen venderlas, como sucede en Eldorado.



Aclaró que los que terminaron de pagar las cuotas son propietarios y pueden disponer de las viviendas, no así quienes aún están abonando las cuotas ya que, en ese caso, las casas siguen siendo del instituto.

Sólo durante los últimos dos años y medio de gestión de Santiago Ros se llevan entregadas 58.033 viviendas en la provincia.

Schneider afirmó que siempre desde el Iprodha se atacaron las irregularidades y más aún en situaciones como las detectadas. Al ser consultada, indicó que “lo ideal es resguardar a la gente que se siente estafada”.

Respecto a los montos en que se alquilaban las viviendas, estos comenzaban en los 5.000 pesos y se elevaban hasta 15.000, transformándose en un negocio inmobiliario. El barrio Itaembé Guazú es donde mayores casos fueron registrados y denunciados.

Algunos argumentaban que les resultaba lejos del centro, por lo que alquilaban las viviendas del Iprodha e iban a su vez a alquilar viviendas cerca del centro.

Con ello dejaban de cumplir dos de los requisitos esenciales: el de habitar la vivienda y el de pagar la cuota. Schneider explicó que incluso esto último -lo de tener problemas de pagos en momentos de crisis- suele contemplarse con alguna financiación, pero la prioridad es que habiten la casa.

Lo cierto es que, de detectarse que están lucrando con estas viviendas sociales, inmediatamente se procederá a realizar las acciones correspondientes para quitar la unidad y si el actual inquilino cumple la situación social -que evaluará el instituto-, pasará a ser el nuevo adjudicatario de la vivienda.

Hay vecinos que aseguran que incluso existirían contratos firmados ante inmobiliaria. De comprobarse tal situación, también permitiría tomar otro camino. “Me habilitaría para denunciar por caso de defraudación”, dijo la encargada legal, adelantando qué es lo que haría de comprobarse tal situación y recurriendo ante la Justicia penal.

Situaciones particulares
Al plantear que cada caso será analizado, la directora de Asuntos Jurídicos del Iprodha consignó a este matutino que a quienes estén en una crítica situación social y los montos de sus cuotas estén por encima de las posibilidades de pago les harán un plan especial.

Una de las opciones es que podrían abonar como un alquiler mínimo y cuando cambie la situación económica podrían recurrir al instituto para abonar la cuota real y se le reconocería lo abonado hasta ese momento.

También se contemplarían otras acciones, siempre de acuerdo a la situación del ocupante de la vivienda. Por lo explicado, para todos estos trámites el Iprodha dispone de un equipo encargado de recibirlos en mesa de entrada para un procedimiento rápido.

Recordó que aquel que se encuentra en situación de inquilino deberá hacer la denuncia por escrito o, de contar con la visita de agentes de la entidad, ese trámite formal ya estaría cubierto.

Fuente: territorio
Axact

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