#AhoraNoticias La eldoradense acusada de liderar una megabanda de contrabando que alcanzó a mover millones de pesos en mercaderías por todo el país y los tres aduaneros de Puerto Iguazú que formaban parte de la compleja maniobra ilícita fueron procesados recientemente por la Justicia Federal.

La medida judicial, que es sin prisión preventiva, fue dictada por el magistrado Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, quien de esta forma consideró tener elementos e indicios suficientes como para mantener a los involucrados imputados y bajo investigación, consignó ayer el diario porteño La Nación.

El procesamiento recayó de esta forma sobre la edoradense Mirta D., sindicada líder de la organización, y sobre los aduaneros Walter T., César G. A. y Jorge H., además de otros 19 sospechosos acusados de contrabando agravado por el número de personas intervinientes, la intervención de funcionarios del servicio aduanero y porque la mercadería en plaza supera el monto de tres millones de pesos.



El mencionado matutino porteño además publicó fragmentos de la resolución de Charvay, en la cual el juez sostiene que “se pudo establecer que la organización criminal habría montado una ruta de acceso, por vía terrestre, de elementos de valor -especialmente aparatos electrónicos tales como teléfonos celulares, consolas de videojuegos y memorias- provenientes de Paraguay para luego ser distribuidos y comercializados en el resto del país, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe”.

Respecto a los aduaneros por su parte, el magistrado explicó en su resolución que “intervenían activamente en el desplazamiento de la mercadería por la frontera, valiéndose de su calidad de empleados del servicio aduanero para facilitar la evasión a los controles y dar, de esta forma, mayor eficacia a la actividad ilícita de la estructura criminal”.

Negocio millonario
La investigación que derivó en estos importantes resultados comenzó a mediados de febrero del año pasado, cuando la Gendarmería realizó un control sobre la ruta nacional 12 a la altura de Zárate, Buenos Aires, y descubrió el contrabando de teléfonos tras inspeccionar un colectivo que había salido desde Puerto Iguazú.
Los aparatos de alta gama estaban escondidos en una mochila dentro de un cesto de basura y la carga fue valuada en aproximadamente 300.000 pesos, lo que en ese momento equivalía a 190.000 dólares.
A partir de ahí comenzó una investigación ya que de inmediato surgió la sospecha de que no se trataba de un hecho aislado, sino que detrás se ocultaba una maniobra aceitada.
Y así fue, ya que los pesquisas lograron establecer que detrás del caso existía una mujer que lideraba el negocio ilegal, quien se valía de diversos contactos y modalidades para realizar el transporte de la mercadería desde Misiones a las principales urbes del país.
La modalidad de era muy conocida y habitual en Misiones, aunque la implicada había logrado llevarla niveles mayoristas y de alcance nacional. Los teléfonos de todas las gamas, Playstation y otros productos ingresaban al país por Iguazú desde Ciudad del Este, mediante paseros que contaban con la complicidad de los funcionarios de la Aduana.
Desde allí, los productos iban a una cueva financiera, donde se hacían el pagos de los pases y se devolvía el dinero destinado a los aduaneros que operaban en el puente internacional Tancredo Neves.
El siguiente paso era el transporte y los encargados de ello eran choferes de larga distancia, pero la pesquisa también arrojó que se utilizaban camioneros y vehículos particulares.
Una vez en lugares de destino, los aparatos llegaban a manos de los distribuidores y partir de ellos a los comerciantes que en su mayoría se trataban de vendedores callejeros informales.
Sobre la mujer, en la resolución del procedimiento se desprende que “se desempeñaba de modo habitual como ‘pasera’, dedicándose a comprar diversos tipos de mercadería (principalmente teléfonos celulares y también otros elementos tales como consolas de videojuegos, memorias y/o vestimenta y calzados) adquirida en la República del Paraguay, por cuenta propia y por orden de diversos clientes, cruzando habitualmente la frontera burlando el control adunero”.
Y continúa en otro fragmento: “Y enviando luego los artículos a través de diferentes medios, entre los cuales utilizaba con mayor frecuencia empresas de ómnibus de larga distancia, cuyos choferes podían alternar acorde con la mayor o menor confianza y su relativa conveniencia económica, dado que les pagaban una tarifa adicional por la cual le trasladaban sus ‘bultos especiales’ a Buenos Aires”.


Mensajes de WhatsApp
Dos mensajes de WhatsApp fueron la punta del ovillo para identificar a la organizadora del negocio ilegal y desentrañar casi toda la maniobra. Así lo reveló ayer La Nación, que consignó que una de las clave del caso fueron dos mensajes hallados en el teléfono celular que utilizaba uno de los choferes del micro inspeccionado en Zárate en febrero del año pasado. Ese aparato fue secuestrado y en el servicio de mensajería instantánea de WhatsApp los pesquisas encontraron oro, por así decirlo. “Hola. Soy Mirta. Comunicate con el Sr. Leo, él te va a pagar lo que falta”, fue uno de los mensajes detectados, mientras que el otro decía: “Soy el remisero de Mirta. Tiene una mochila para entregarme. ¿A qué hora anda por Thames?”, añadió el matutino porteño. Poco después de esto, los investigadores pudieron identificar a la mujer involucrada y a partir de ahí comenzaron a trabajar en silencio hasta recolectar elementos e indicios que desembocaron en los allanamientos ejecutados a principios de mes en Puerto Iguazú, Eldorado, Posadas y otros puntos del país. Los procedimientos culminaron con el secuestro de 1002 teléfonos celulares, 483 artículos de electrónica (computadoras y consolas de videojuegos), diversos repuestos, entre otros artículos. Todo lo incautado alcanzó un valor de 85 millones de pesos.
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