En medio de la polémica por su posible expulsión de la Cámara, el ex ministro kirchnerista participa del debate por la construcción de las hidroeléctricas en el sur. Bajo su gestión, se licitó el proyecto

La política argentina tiene cosas extrañas. Por ejemplo, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se transformó en la principal "atracción" de la audiencia técnica que se realiza en la Cámara de Senadores para analizar el informe ambiental sobre la construcción de las represas de Santa Cruz.

No se posan sobre De Vido todas las miradas por sus conocimientos sobre el tema o por su expertise en el área -fue 12 años ministro de Planificación y bajo su órbita se realizó la licitación de la obra-. Es su particular situación en la Cámara de Diputados la que genera un interés especial en escuchar lo que tiene para decir.

Ayer, por primera vez, el oficialismo logró un principio de acuerdo con otros bloques opositores para avanzar con la expulsión del ex ministro kirchnerista. Le imputan "inhabilidad moral" en virtud de su frondoso prontuario. Si bien todavía hay dudas sobre si están los números para echar al diputado nacional, el acercamiento producido ayer parecía imposible hace un par de semanas.

De Vido adelantó que no tiene previsto renunciar y cuestionó en una carta el trámite legislativo. Hubo incluso algunas voces disonantes dentro de Cambiemos que alertaron sobre la posibilidad de que la constitucionalidad de la maniobra sea objetada por la Corte Suprema.


En la audiencia de este jueves, que se realiza en la Cámara Alta, los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman fueron los encargados de informar los detalles del estudio de impacto ambiental conocido días atrás. Convocó además a los representantes de otros bloques a incorporar sus objeciones "objetivas, académicas y científicas" para garantizar la sustentabilidad del proyecto.

No son pocos los grupos ambientalistas que plantearon que la obra podría poner en riesgo los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini.

La audiencia pública que se realiza en el Senado es un paso previo obligatorio al inicio de la obra, exigida por la ley y por un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
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