El Presidente quiere que la Oficina Anticorrupción acceda a las pruebas que recibirá la procuradora Alejandro Gils Carbó y que lleguen a la opinión pública

El primero de junio, los expedientes de la justicia brasileña que revelan la conexión argentina de la causa Lava Jato serán remitidas a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, conocida por su afinidad ideológica con Cristina Kirchner y acusada de presunto cohecho por la controvertida adquisición de un edificio en Capital Federal. Se trata de las confesiones de 77 ejecutivos de Odebrecht y decenas de documentos que permitirán conocer los beneficiarios de los 35 millones de dólares que la compañía brasileña pagó en coimas para obtener ciertos contratos de obra pública. Los sobornos fueron ejecutados entre el 2007 y el 2014, cuando Cristina era presidente y Julio De Vido controlaba todas las licitaciones que se hacían en la Argentina.

Mauricio Macri asegura en la intimidad de la quinta de Olivos que "está tranquilo" y que "no tiene nada que ocultar" sobre la Operación Lava Jato. Jura que su amigo Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), no cobró coimas de Odebrecht y afirma que su primo Ángelo Calcaterra, por entonces dueño de la constructora Iecsa, jamás recibió sobornos para aceitar la concesión del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Gils Carbó nunca puso foco en la conexión local de la causa Lava Jato. Distintos fiscales federales, que dependen formalmente de la Procuración General, hacían lo que podían para acceder a la información que puede abrir un nuevo capítulo de la historia de corrupción del kirchnerismo. A diferencia de otros expedientes que pueden facilitar la campaña de Cristina y erosionar a Macri –el Correo Argentino-, la procuradora hizo silenzio stampa y se mantuvo al margen.
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