La encontraron dos empleadas en la sede de Uruguay al 700. Un casero fue hallado responsable y despedido

Un parpadeo azul despertó la sospecha. Una empleada de la sede central del Registro Civil, sito en Uruguay 753, ingresó al baño de mujeres del sexto piso cuando esa luz, que salía de un agujero del techo, la inquietó. Preocupada, la empleada llamó a una compañera y entre las dos hicieron un esfuerzo para descubrir qué había detrás de ese destello. Una se subió a una silla y despejó la duda con sus manos: una cámara de video había estado filmando al personal femenino que hacía uso de los sanitarios.

Esa escena tuvo lugar durante el mediodía del lunes 15 de junio de 2015. Las miradas no tardarían en apuntar contra Adrián Alberto Gargiulo, que se desempeña como casero del Registro Civil. Luego confirmaría su responsabilidad la Procuración General de la Ciudad y la Justicia porteña, que semanas atrás rechazó la medida cautelar del acusado contra la resolución del Gobierno de separarlo de su puesto.

No fue difícil encontrar al responsable. Tras el hallazgo de la cámara, las mujeres dieron aviso a sus superiores. Conectaron el aparato a una computadora del Registro y comenzaron a visualizar el material que había en la tarjeta de memoria, una SD de 2 Gigas. En un tramo de la grabación, vieron dedos de hombres que parecían acomodar el dispositivo. Después apareció una figura masculina. No se veía su cara, pero sí su vestimenta.

La entonces directora del Registro Civil, Ana Lavaque, decidió entonces solicitar la grabación de una cámara de seguridad que registra el ingreso al baño. Esa filmación había capturado a un hombre que salía por la puerta de los sanitarios. Llevaba las mismas prendas que la silueta que habían visto en la cámara oculta. Todos lo reconocieron: era Gargiulo.

El hombre siempre negó su responsabilidad, aún cuando la Procuración General de la Ciudad expresó que su acción estaba demostrada. Gargiulo luego pidió a la Justicia porteña "la suspensión de la cesantía decretada y sus ulterioridades, que se le restituya inmediatamente al empleo, funciones y modalidades (…) y el pago de una indemnización sustitutiva equivalente a los salarios de la categoría en la que revistaba no percibidos durante la suspensión preventiva".

El 23 de noviembre, la cautelar fue rechazada por la Sala I en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por Mariana Diaz, Fabiana H. Schafrik de Nuñez y Fernando E. Juan Lima, en uso de licencia.
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