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La comisión investigadora presentará hoy el dictamen final sobre las irregularidades detectadas en la implementación del Plan de Viviendas Progresivas en la comuna, por el cual solicitaría la destitución del intendente de la localidad de Eldorado, Norberto Aguirre.


Es que de acuerdo a lo actuado, según pudo saber El Territorio, al menos tres ediles de los cinco que integran la comisión consideran que el alcalde incurrió en las causales del artículo 14 de la Carta Orgánica Municipal de “ineptitud, negligencia y/o irregularidad en el desempeño de las funciones del funcionario afectado”.


Por lo tanto los concejales -que integran la comisión- Juan Abelardo Giavotto (UCR), Daniel Dos Santos (FR) y Héctor Falsone (UCR) consideran que debe ser destituido. Mientras que los ediles Fernando Gallastegui (FR) y Yolanda Caballero (FR) interpretan que la actuación del intendente no está dentro de lo establecido en dicho artículo.
La investigación
El dictamen -al que tuvo acceso de manera exclusiva este matutino- da cuenta de la cadena de responsabilidades determinadas que derivaron en el grave perjuicio de 17 familias. Asimismo se adjuntan las denuncias presentadas por los adjudicatarios contra Wilfrido Landaida, responsable social del municipio ante el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), quien habría cobrado dinero en efectivo por fuera de la normativa para avanzar en las obras.


Consta también de un análisis de la documentación contable, en la cual se menciona que a pesar de que la Afip (mediante la Resolución General 3571/13) establece la obligatoriedad de realizar facturas en forma electrónica, la empresa a cargo de las obras habría presentando facturas manuales de los gastos, y no fueron rechazadas por el municipio.


El informe manifiesta que “es imposible saber cómo se llega a los montos facturados ya que los certificados se expresan sólo en porcentajes”. Determina además que la Secretaría de Hacienda municipal incumple con lo que dispone el artículo 31 del Reglamento de Contabilidad y Normas de Administración para Municipalidades, ya que “de acuerdo al detalle porcentual del último Certificado de Obra se detalla que las construcciones estaban casi por llegar a su fin”. Sin embargo, en el peritaje realizado por el ingeniero civil, Alejandro Valenzuela, “las obras estaban en mal estado, muy incompletas, y algunas incluso en peligro de derrumbe inminente”.



Las responsabilidades
El dictamen de la mayoría culmina determinando las responsabilidades de cada uno de los intervinientes. En primer lugar señala a Wilfrido Landaida como “responsable por no cumplir con la vigilancia adecuada en la concreción del proyecto bajo su responsabilidad; extralimitarse en las funciones para las que fue nombrado, por haber solicitado y cobrado dinero de los beneficiarios siendo empleado público; y omitir o distorsionar información del avance de obra de las viviendas”.


Por otro lado a la Secretaría de Gobierno, como responsable de “no atender en forma integral los reclamos del Concejo Deliberante sin pedir explicaciones ni aclaraciones a ninguna otra Secretaría”.


A la Secretaría de Hacienda, “porque admitió la realización de erogaciones a la empresa constructora teniendo como documentación respaldatoria sólo certificado de obras que incumplían gravemente, requisitos elementales, como ser los importes en pesos ”. De igual manera, a la Secretaría de Acción Social y Medio Ambiente, como “responsable por la actividad del agente Wilfrido Landaida respecto a las obras objeto de estas actuaciones, estando bajo su dependencia según el Departamento Ejecutivo Municipal, y su desidia y accionar despreocupado ocasionó graves perjuicios a 17 familias”.


También contra la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a la cual apuntan como “responsable por omitir el control de las construcciones de estas viviendas”.


Y por último contra el intendente Norberto Aguirre quien “de acuerdo a la Ley 26.944” es responsable “por no cumplir, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas”.

Los antecedentes del caso
El programa Viviendas Progresivas adjudicó 17 casas para Eldorado, y ninguna fue terminada. Algunos adjudicatarios denunciaron que llegaron a pagar hasta 30 mil pesos en concepto de mejoras que nunca se realizaron. Por esto se conformó una comisión investigadora para establecer quiénes son los responsables. Entre las irregularidades que encontró la comisión investigadora está el informe técnico donde surgió que el monto pagado a la empresa contratista es superior al invertido en las casas, que parte de lo edificado no se ajusta a las normas de construcción, entre otros.


Si la comisión investigadora solicita la destitución de Aguirre, se debe informar de esto al imputado, y éste tiene cinco días hábiles para realizar su defensa. Una vez recibido el descargo, Rolando Merochenich, presidente del Concejo, debe convocar a una sesión especial, en la que se tratará la posible destitución. Para que el intendente sea destituido se necesita que dos tercios de los concejales voten a favor.

Axact

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